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En noviembre se pone en marcha el llamado Segundo Dividendo Digital, el proceso por el que, durante los próximos meses, se liberará una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de las futuras redes de telecomunicaciones 5G.

En la mayoría de comarcas catalanas, algunos canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se encuentran actualmente en esta banda del espectro, y por lo tanto tendrán que cambiar de frecuencia. Esto implica que, en ciertos casos, la ciudadanía deberá realizar determinadas acciones para poder continuar viendo correctamente la televisión.

En Catalunya, este cambio de frecuencias comenzará el próximo 14 de noviembre, pero se irá haciendo progresivamente. Así pues, la fecha exacta puede variar dependiendo de la comarca y del centro emisor donde esté orientada la antena. En la web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat se irán publicando las previsiones semanales.

Hay que remarcar que no habrá ningún cambio de frecuencias en las siguientes comarcas: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. Estas comarcas representan casi el 70% de la población de Catalunya.

Para saber qué comarcas están afectadas y qué canales deberán resintonizarse, pueden consultar el mapa interactivo que se encuentra en la web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat.

Qué habrá que hacer en las comarcas donde hay cambios de frecuencias

En las comarcas afectadas por el Segundo Dividendo Digital, se tendrán que llevar a cabo algunas acciones para poder continuar viendo correctamente todos los canales de televisión. Unas acciones que dependerán del tipo de edificio.

En las viviendas unifamiliares con antena individual y los edificios de hasta 3 o 4 viviendas, no se tendrá que hacer ninguna adaptación de la antena. Sólo será necesario resintonizar los canales mediante el mando del televisor.

En cambio, en los edificios de más de 3 o 4 viviendas será necesaria la actuación de un instalador de telecomunicaciones registrado. El administrador de la finca o el presidente de la comunidad de vecinos deberá ponerse en contacto con la empresa instaladora. Después, una vez hechas las adaptaciones necesarias a la antena, será necesario que cada vecino resintonice los canales mediante el mando del televisor.

En la mayoría de los casos, los canales estatales y nacionales que cambien de frecuencia comenzarán a emitir en simulcast, es decir simultáneamente en la frecuencia nueva y la antigua, durante tres o seis meses. La mayoría de canales locales, en cambio, dejarán de emitir por la frecuencia antigua en el momento que empiecen a hacerlo por la nueva.

La existencia o no de este simulcast y su duración dependerá del centro emisor donde tengamos orientada la antena, y se podrá consultar en la web de Mitjans de Comunicació.

Contactar con una empresa instaladora registrada

Es muy importante tener en cuenta que ante cualquier duda se debe contactar con una empresa instaladora que, además, podrá hacer las adaptaciones necesarias a la antena.

Estas adaptaciones sólo las pueden llevar a cabo las empresas instaladoras homologadas. Podemos encontrar la que más nos convenga mediante el buscador de empresas instaladoras habilitadas por la Generalitat de Catalunya. Una vez en el buscador, hay que seleccionar el tipo A (infraestructuras en edificios).

Subvenciones para hacer las adaptaciones a las antenas

Por otra parte, para contribuir a financiar los costes derivados de las adaptaciones a las antenas, el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la empresa estatal Red.es, ha establecido una línea de ayudas directas dirigidas a las comunidades de propietarios.

Las ayudas, en forma de subvención, van desde los 104,3 € a 677,95 €, según los cambios que deban hacerse en los equipos de recepción comunitarios.

El Segundo Dividendo Digital tendrá lugar en toda la Unión Europea

El Segundo Dividendo Digital es el conjunto de frecuencias entre 694 y 790 MHz del espectro radioeléctrico (también llamadas banda 700 MHz). Esta banda se debe liberar en los próximos meses para permitir el despliegue de las futuras redes de telecomunicaciones 5G.

La banda 700 MHz actualmente está ocupada por canales de la TDT, que para poder dejarla libre deberán trasladarse a otras frecuencias del espectro.

Este proceso, que debe estar completado el 30 de junio de 2020, se llevará a cabo en toda la Unión Europea, y será similar al que ya tuvo lugar en el año 2015 (Primer Dividendo Digital).

Para más información sobre el Segundo Dividendo Digital se puede consultar la web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat y también llamar al 012.

Fuente: La Vanguardia

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• Desaparece la obligación de inscribir los ficheros de datos en la AEPD. No obstante, tanto las comunidades como los administradores de fincas deben configurar un “registro de actividades de tratamiento” (documento interno en el que deben reflejarse los tratamientos de datos que se realicen: el tratamiento de los datos de propietarios y empleados, etc.. )
• Asimismo, las comunidades no deben solicitar el consentimiento de los propietarios para tratar sus datos, ya que están legitimadas para tratarlos de acuerdo con la ley de propiedad horizontal.
• Tampoco deben designar un delegado de protección de datos. Los administradores son los encargados del tratamiento de las comunidades de propietarios.
• Encontrarás más información al respecto en:

http://apdcat.gencat.cat/es/documentacio/RGPD/novetats/

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Lógicamente, lo normal en estas situaciones es que se solucionen de forma amistosa. Pero si ello no es posible, recuerde:

• Ningún propietario puedes realizar actividades molestas o perjudiciales para la comunidad, por lo que en estos casos puede ejercerse la denominada “acción de cesación” Para ello, es necesario que el presidente avise o envíe un requerimiento a dicho propietario para que cese en la actividad molesta. Y si ello no surte efecto, la comunidad puede reclamarlo en los tribunales.

• En este sentido, adviertan a dicho propietario de que las consecuencias para él pueden ser graves. En un caso reciente, los tribunales han privado del uso de su vivienda durante un mes aun propietario que realizaba este tipo de actuaciones, además de obligarle a costear la reparación de la fachada.

Ningún propietario puede realizar actividades molestas o perjudiciales, como dar de comer a las palomas. En estos casos la comunidad puede  ejercer la acción de cesación y exigir que cesen estas actuaciones.

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Desde Apamex han detectado un incremento de las solicitudes para hacer este tipo de obras en la ciudad y también de los conflictos que desatan dentro de las comunidades de vecinos.En muchos casos, explican, las personas con discapacidad acuden a ellos para asesorarse.

La duda más repetida es quién debe costear la obra. Desde Apamex explican que la Ley de Propiedad Horizontal fue modificada en 2013 y especifica la forma de hacerlo en su artículo 10. Para ello hay que tener en cuenta cuántos vecinos hay y cuánto pagan de comunidad. Se multiplica lo que paga un vecino en un año por el número de pisos. Todo ese importe debe ir destinado a la obra de accesibilidad en forma de derrama. Si el coste supera este importe, lo asume el que ha solicitado la obra.

Por ejemplo, si 20 vecinos pagan 30 euros cada mes de comunidad, supone 7.200 al año. Deberían asumir una derrama por este importe. Un ascensor, eso sí, cuesta más, pero el solicitante no tiene por qué asumir la diferencia. Puede pedir que se financie en varios años. Desde Apamex explican que el Ministerio de Fomento apoya que las obras se financien en varios años y recomiendan, a los interesados, que convoquen una reunión de la comunidad para iniciar estos trámites.

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Alteración de la estética de la comunidad

¿Qué determina la ley? “Estas banderas que están permanentemente colgadas en el balcón son una alteración de la estética de la comunidad de propietarios”, declara el directivo. Explica que en el libro quinto del Código Civil de Cataluña, el que desarrolla el régimen jurídico de las propiedades horizontales, se determina qué son espacios comunes de una finca y cómo los debe gestionar la comunidad de vecinos, ya que no pueden ser de uso privativo.

Y eso afecta a los balcones donde están colgadas la inmensa mayoría de estandartes de todo signo político en Cataluña. Otros profesionales del sector consultados opinan que la instalación de banderas independentistas no siempre es vista con buenos ojos por el resto de la comunidad, pero que ha generado pocos conflictos.

Pero desde que se votaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica en el Parlament, también llegaron a las fachadas las de España, las senyeras (la oficial catalana) y en los últimos tiempos incluso las de Tabarnia. Y aquí es donde han empezado las discusiones subidas de tono.

Solicitud de permiso

Ante esta situación, Viñas afirma que para alterar lo que “la normativa define como un elemento de estética común” se requiere una “autorización por unanimidad”. Señala que, según el apartado C del artículo 553.26 del régimen de propiedad horizontal, el “procedimiento correcto sería pedir permiso al conjunto de propietarios para instalar una bandera”.

Como eso no ocurre “en el 99,99% de los casos”, recomienda al administrador en cuestión que remita requerimientos a los “infractores” para que pidan la solicitud pertinente. O, directamente, convocar una junta extraordinaria de la comunidad de propietarios para abordar el debate.

Mayorías en una votación

Ante los más que probables conflictos, recuerda que se debería seguir el mismo procedimiento que “si se hubiera colgado una camiseta o las luces de Navidad”. Si las banderas ya están instaladas no se requiere la unanimidad de los vecinos, algo prácticamente inalcanzable.

La norma vigente pide en esos casos una “mayoría simple que esté formada por el 50% más uno de los propietarios presentes en la junta y que, a la vez, todos ellos representen como mínimo el 51% de las cuotas de participación”. Es decir, el peso de los coeficientes de copropiedad que vienen determinados en la escritura de propiedad horizontal de un inmueble. Hecho que debe controlar el administrador de fincas.

Posible multa al infractor

Se indica que la cuestión que se debe votar es “si se quitan o no las banderas”, e informa que “las decisiones que se toman en una junta de vecinos son de obligado cumplimiento”. En el caso de que un vecino se resistiera a cumplirlas, se podría enfrentar a varios requerimientos del administrador para retirar la bandera.

Si igualmente la mantiene, se enfrentaría a un proceso judicial ordinario que podría acabar con una multa.

El lugar en el que esté situada la bandera en cuestión es un elemento que varía de forma sustancial el procedimiento. Si en lugar del balcón se cuelga detrás de una ventana en el lugar de la cortina, la comunidad de vecinos no puede intervenir. En el interior de un inmueble se pueden colgar los signos que se quiera, “aunque el efecto visual resultante sea muy parecido”, sentencia Viñas.

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